Bienvenidos al CSO Adastra

Las cifras hablan por sí solas, en este momento existen más de SEIS MILLONES de viviendas vacías en todo

el Estado, según el último censo de 2012. Estos datos macroscópicos son interesantes, pero ahora bajemos

la mirada a ras de suelo. ¿Cuánta gente conocemos que las pase canutas para llegar a fin de mes? Y aún más, nos preguntamos: ¿es justo que tengamos que hipotecar nuestra existencia en trabajos indignos, —si es que podemos aceptar el concepto de trabajo asalariado digno—, mientras unxs pocos se enriquecen a nuestra costa, tanto explotándonos directamente en lo laboral como en lo que nos sacan por vivir en sus casas? Quizá podamos pensar que las administraciones públicas ya emprenden proyectos para solucionar la situación de dificultad en el acceso a la vivienda. Veamos algunos ejemplos. El Plan de Ayuda a la Emancipación del Ministerio de Vivienda, en primer lugar deja fuera a las personas de más de 30 años, y, en segundo, exige como requisito poseer un contrato laboral

de al menos 6 meses. Si pensamos que, aunque parezca mentira, existen personas con más de 30 años con dificultades para acceder a una vivienda, y que con la llamada flexibilidad del mercado laboral —como ahora les ha dado por llamarlo— miles de curritxs tienen contratos temporales (cuando los tienen), nos queda una “ayuda” que no repercute precisamente en quienes más lo necesitan. Por no hablar de las Viviendas de Protección Oficial, para las que es necesario contar con una nómina mínima y una estabilidad laboral, requisitos prohibitivos para la gran mayoría de potenciales candidatxs a optar a una de estas viviendas.

Nuestra postura ante esta situación no pasa por la reivindicación de mejoras en las condiciones de acceso a la vivienda o la intervención de los poderes públicos para obtener ayudas o regulación del mercado inmobiliario. Consideramos que la acción del poder político no es más que el reflejo de los intereses de las empresas inmobiliarias y constructoras y los del propio Poder, ya que las medidas tomadas para resolver esta penosa situación no son más que botes de humo lanzados con la intención de crearse una imagen de falsa solidaridad

con lxs desfavorecidxs y simular que pretenden amortiguar las desigualdades sociales.

La legitimidad de la okupación tiene muy distintos enfoques, dado que se trata sólo de una práctica, y son las personas que la llevan a cabo quienes deciden el sentido de ésta. La expropiación temporal se fundamenta, entre otras razones, en la ilegitimidad de la propiedad entendida por su valor de cambio y no por su valor

de uso. En otras palabras, la propiedad de un inmueble que se encuentra abandonado a la espera del momento oportuno para obtener el máximo beneficio es un lujo en una sociedad en la que millones de personas se dejan la vida en el trabajo para poder pagar los desorbitados precios de un mercado inflado por la especulación del ladrillo.